55 niños y niñas relatan haber sufrido agresiones físicas y psicológicas bajo el techo de la Administración

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Fundación Raíces presenta su Informe “Violencia Institucional en el Sistema de Protección a la Infancia” y visibiliza la violencia que relatan haber padecido algunos niños y niñas acogidos en centros de Protección de Menores, supuestamente ejercida por el  personal de Seguridad, el equipo Educativo y por agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

22 de Julio de 2020-  Desde el 1 de enero de 2016, Fundación Raíces ha atendido a  537 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos por parte de distintas administraciones públicas españolas. De ellos, 349 han visto sus derechos vulnerados mientras se encontraban bajo la guarda y/o tutela de la Comunidad de Madrid, residiendo en sus centros, residencias y pisos de protección.

Las vulneraciones de derechos más habituales son la negación de la condición de infancia por el procedimiento de determinación de la edad y los retrasos en la constitución de la tutela, que, unido a la escasez de recursos humanos y materiales, impiden y dificultan, el acceso efectivo de muchos niños y niñas a sus derechos más básicos: calzado, ropa, manutención, educación, asistencia sanitaria, entre otras, y,  en el caso de extranjeros, el acceso a su documentación y regularización en España, al procedimiento de protección internacional y como víctimas de trata, y al apoyo a su autonomía tras alcanzar los 18 años. Estas prácticas, en ocasiones, continúan una vez tutelados, convirtiéndose en vulneraciones de derechos sistemáticas que generan frustración y desprotección en los niños y niñas y un enorme estrés en el equipo educativo, a menudo insuficiente, poco formado y con escasez de recursos. Un contexto en el que surgen la mayoría de los conflictos de convivencia, ante los que el equipo educativo, a menudo, opta por el uso de medidas de control y contención, sancionadoras y punitivas, solicitando la intervención de los vigilantes de seguridad o de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; quienes, según relatan los niños y niñas, haciendo un uso excesivo y desmedido de la fuerza, suelen ejercer violencia física y psicológica contra ellos.

Entre octubre de 2016 y junio de 2020, Fundación Raíces ha detectado 50 episodios de violencia física y psicológica en los que 55 niños, niñas y adolescentes refieren haber sufrido agresiones por parte de vigilantes de seguridad, educadores o por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras residían en recursos del Sistema de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Sus relatos se han recogido cuando han acudido a pedir ayuda a Fundación Raíces y, en algunas ocasiones, ante la demanda de intervención de alguna persona trabajadora de esos centros que ha solicitado anónimamente la intervención de la fundación.

Se trata de niños y niñas de entre 12 y 17 años, la mayoría adolescentes varones que han llegado solos a España nacionales de Marruecos, y, en un porcentaje inferior,  de Guinea, Argelia, Gambia, República Dominicana y Camerún. Los casos de niñas constituyen sólo un 5% del total y varias niñas son españolas.

Casi la totalidad de los casos se han dado en las Residencias Infantiles de Primera Acogida “Isabel Clara Eugenia” y “Hortaleza”, de gestión pública directa, aunque entre ellos se encuentra un caso que afectó a varios niños en un piso gestionado por una fundación privada.

En cuanto a las agresiones sufridas, la mayor parte de los niños y niñas relatan haber recibido golpes por todo el cuerpo, puñetazos en la cara y en la cabeza, patadas en el estómago, pisotones en el cuello, empujones, golpes con porras y defensas individuales, engrilletamientos y hasta alguna mordedura. En algunos casos han ido acompañadas de insultos, vejaciones y  mensajes de odio relacionados con su país de origen, raza, religión, etc.

A nivel de salud física y psicológica, las secuelas más relevantes en los niños y niñas son el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, los sentimientos profundos de baja autoestima, la normalización de la violencia. A nivel físico, las lesiones físicas más comunes han sido hematomas, erosiones, contracturas, traumatismos, contusiones, dolores, escoriaciones, heridas, vómitos de sangre, fracturas de brazos, brechas, perforación de tímpano y hasta en el caso de una niña española que estaba embarazada, sangrado vaginal y posterior aborto completo, tras recibir una patada en el abdomen propinada por un educador del Centro en el que residía.

Cuando los niños y niñas han intentado denunciar estos hechos, han encontrado múltiples obstáculos por parte de sus educadores y educadoras y del equipo directivo del centro o piso donde residían, quienes en la mayor parte de los casos no les han proporcionado apoyo emocional, ni material, ni les han acompañado  al hospital o a denunciar. En los casos en los que los niños y niñas, con la asistencia de Fundación Raíces, han podido denunciar, y algún educador o  educadora ha acudido para completar su capacidad ante las autoridades, han desacreditado la versión del niño, criminalizándole y dificultando la interposición de la denuncia. Por su parte,  la entidad de protección, excepto en algún caso reciente, no ha adoptado medidas urgentes de separación entre presunto agresor y víctima.

Estas situaciones han demostrado la falta de mecanismos internos y externos de detección, intervención, atención y denuncia, ante posibles casos de violencia en el seno del Sistema de Protección, deficiencias que no han sido suplidas ni por el Ministerio Fiscal ni por los órganos jurisdiccionales, cuando las denuncias han dado lugar a procedimientos judiciales y, entre otras cosas, no han considerado debidamente el conflicto de intereses existentes entre los niños y su tutor.

Si bien muchos niños y niñas han tenido miedo de denunciar, han sido disuadidos de hacerlo o han huido de su lugar de residencia antes de que se pudiese intervenir, las 30 denuncias contabilizadas por Fundación Raíces e interpuestas por niños y niñas, han dado lugar a procedimientos judiciales caracterizados por (i) la ausencia de tutela cautelar efectiva (no adopción de medidas de protección tras la presunta agresión), (ii) las dilaciones en los procedimientos (los niños y niñas, obligados a convivir con las personas que presuntamente les agredieron, tienen miedo y acaban huyendo, archivándose los procedimientos ante la ausencia de la víctima), (iii) la falta de consideración del interés superior del menor y sus circunstancias de especial vulnerabilidad, (iv) la falta de actuación por parte del tutor legal, que no se persona en las causas ni persigue los hechos denunciados, (v) el limitado impulso del Ministerio Fiscal (que no interesa investigaciones exhaustivas de los hechos en interés de los niños y niñas) y (vi) la falta de investigación sobre componentes de odio y discriminación.

La impunidad resultante y el carácter habitual de estos episodios de violencia institucional han obligado a muchos niños y niñas a huir de los centros en busca de un lugar más seguro, abocados a vivir en la calle, en situación de pobreza y exclusión social. El abandono insittucional y desamparo que sufren da lugar a la aparición en ellos de conductas autolesivas y tendentes al suicidio como respuesta ante tanto dolor y sumisión. Como contrapunto, en otros casos, la respuesta es violenta y reactiva, directamente proporcional a la amenaza que sienten.

Desde Fundación Raíces se han elaborado 33 propuestas a incluir en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra toda forma de Violencia, que se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados,  para garantizar que los sistemas de protección a la infancia de las Comunidades y Ciudades Autónomas de España sean entornos seguros para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que allí residen.

A continuación,  un resumen de las más importantes:

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

 

  • Considerar la violencia institucional como una forma más de violencia contra la infancia.
  • Garantizar que los modelos educativos se basen en el respeto al progreso y las necesidades y derechos de cada niño o niña, en formas de disciplina positiva y no punitiva, garantizando que los profesionales que intervienen en los recursos residenciales para la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan la adecuada cualificación y capacitación.
  • Evitar la presencia de vigilantes de seguridad en los recursos residenciales y, en cualquier caso, limitar su intervención  a la seguridad del acceso al centro y a sus instalaciones.
  • Dotar al sistema de protección de los recursos necesarios y la formación continua y especializada para prevenir, detectar e intervenir en los casos de niños y niñas posibles víctimas de explotación sexual, laboral, trata, tráfico, etc.
  • Reforzar los mecanismos externos de prevención de la violencia institucional como el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, este último también en su función como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
  • Establecer mecanismos de denuncia y procesos judiciales posteriores seguros, eficaces, confidenciales, adaptados y accesibles a la Infancia. Estos mecanismos deben garantizar, al menos: (i) que cualquier indicio de violencia institucional contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sea comunicado al Ministerio Fiscal, (ii) el acompañamiento a las víctimas al centro de salud u hospital (que emita el correspondiente parte de lesiones); (iii) que se acompaña y asiste a los niños y niñas que quieran denunciar, despejando cualquier obstáculo procesal y cualquier conflicto de interés con sus tutores (nombrando un defensor judicial), (iv) la asistencia letrada a la víctima desde el mismo momento de la denuncia; (v) la asistencia y acompañamiento del niño o niña, si así lo desea, por una persona de su confianza durante todo el proceso ante las autoridades judiciales, policiales o administrativas; (vi) la asistencia de un intérprete de la lengua materna del niño o niñas durante todas las actuaciones y (vii) la adopción de inmediatas medidas de protección que impidan que la víctima siga conviviendo o teniendo contacto con el supuesto agresor.
  • Evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes, considerando la declaración de todo menor de edad como prueba preconstituida siempre que se de con las debidas garantías procesales, lo que debería garantizarse sistemáticamente.
  • Garantizar la formación especializada en enfoque de derechos de la infancia de los agentes encargados de la tramitación de las denuncias.
  • Crear un Plan para prevenir actuaciones de la administración, discursos y cualquier otro tipo de acto que criminalice, discrimine y de lugar a la propagación de discursos de odio contra los niños y niñas que llegan solos y solas a España.
  • Realizar investigaciones en profundidad sobre la violencia institucional en los sistemas de protección a la infancia y sobre las causas y consecuencias de la desaparición de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han pasado por el sistema de protección.

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

  • Garantizar la seguridad jurídica y emocional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciendo efectiva la tutela desde su acceso al sistema de protección y evitando la prolongación de las medidas provisionales.
  • Asegurar la participación de los niños, niñas y jóvenes, de modo que se respete su derecho a ser oído, garantizando que su opinión sea tenida en cuenta en las decisiones que le afecten.
  • Garantizar que ningún niño o niña documentado con acta de nacimiento o cualquier documento original que acredite su edad y/o identidad, expedido por las Autoridades de su país de origen, cuya invalidez no haya sido establecida mediante el correspondiente procedimiento contradictorio, sea derivado a la Fiscalía y sometido a un procedimiento de determinación de su edad.
  • Asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes bajo la guarda y/o tutela de la entidad pública de protección son documentados con pasaporte o documentos equivalentes de identidad por los Consulados y Embajadas de sus países de origen en España y, en caso de que no sea posible, con cédula de inscripción.
  • Eliminar los macrocentros y los centros exclusivos para extranjeros,  fomentando la creación de recursos de menor tamaño y los acogimientos familiares.
  • Garantizar la transparencia en las actuaciones de la entidad pública de protección.
  • Establecer un programa reforzado que vele por el estado psíquico y emocional de los niños, niñas y adolescentes, dirigido a proteger y garantizar su  integridad psicológica, y centrado en sus problemáticas específicas y situaciones de riesgo a las que habitualmente se enfrentan.
  • Garantizar y exigir la formación continua y especializada en un enfoque de derechos de infancia sobre la base de la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las Observaciones Generales del Comité a todos los profesionales del sistema de protección (técnicos,  equipo educativo y directivo) y de otras instituciones que puedan intervenir con menores de edad.
  • Asegurar el apoyo social a los jóvenes tutelados tras el cumplimiento de los 18 años a través de Programas de acompañamiento a la vida adulta.

Según Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces:

“A Fundación Raíces nos preocupa enormemente las consecuencias derivadas de esta violencia en un periodo de desarrollo vital tan clave como el de la infancia y la adolescencia, las actuaciones a las que son sometidos ponen en riesgo su integridad física y moral”, “no todos los niños y niñas responden igual, ni tienen los mismos recursos personales para enfrentarse a esta violencia, hay niños que responden con tal sumisión que acaban por expresar su rabia contra ellos mismos y otros que responden con tanta violencia como la ejercida contra ellos”.

“Las Autoridades competentes en materia de infancia no han dado a la violencia institucional la importancia que merece, no han impulsado ni llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre este tipo de violencia  en los sistemas de protección a la infancia, ni tampoco se han promovido estudios sobre las causas de las desapariciones de los niños y niñas de los recursos de protección, siendo imposible la atribución de responsabilidades ni la averiguación del paradero de muchos de ellos”.

“La Violencia Institucional expone a los niños y niñas a una mayor criminalización por parte de la sociedad y de determinados colectivos, así como a numerosos riesgos, entre los que destaca la posibilidad de ser extorsionados para la comisión de delitos, de convertirse en víctimas de abusos, de explotación sexual y laboral, y de trata, o, en último término, incluso de desaparecer”.

“Hemos elaborado 33 propuestas que esperamos se incluyan en la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra toda forma de Violencia, para garantizar que los sistemas de protección de las Comunidades Autónomas de España sean entornos seguros para todos los niños”.

Para más información:

Fundación Raíces- Lourdes Reyzábal (Presidenta) 609 05 05 49

 

lourdes.reyzabal@fundacionraices.eu

 

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