La Administración condenada a indemnizar con 150.000 € a una madre y a sus dos hijas por los daños causados al separarlas con una retirada de tutela injustificada

El TSJ condena la actuación de la Consejería de Familia de Castilla y León por el daño ocasionado al arrebatarle a una madre sus dos hijas.

M. y A., las chicas separadas de su madre cuando fueron menores. Imagen cedida.

9 de febrero de 2023.- Dña. A.P es una mujer de origen búlgaro que llegó a España hace más de 20 años y fue madre soltera de dos niñas mellizas nacidas en Madrid en el año 2003. En septiembre de 2015, solicitó la ayuda de los servicios sociales de Ávila, comunidad en la que trabajaba y vivía con sus hijas, a fin de participar en un programa de intervención familiar que la ayudara a establecer con sus hijas -entonces, de 12 años- una relación de parentalidad positiva.

Durante meses el programa, consistente en recibir apoyo de una orientadora familiar que visitaba a la familia en su domicilio, se desarrolló con total normalidad, hasta que, una noche a finales de enero de 2016, se produjo una discusión entre la madre y una de las preadolescentes por causa del uso del teléfono móvil, que terminó en un forcejeo por el dispositivo.

Las dos hermanas, por indicación de su madre,  relataron este incidente en una de las sesiones que las niñas mantenían a solas con la persona de servicios sociales que intervenía semanalmente con la familia. Tras esta narración, sin ninguna intervención más, el programa de intervención familiar quedó interrumpido, hasta que tres meses después, el 12 de abril de 2016, sin previa notificación ni información al respecto, trabajadores sociales de la Consejería, auxiliados por agentes de la Guardia Civil, se personaron en el domicilio familiar y en el mismo acto notificaron la resolución administrativa de la declaración de desamparo de las niñas y se las llevaron, en contra de su voluntad,  a un centro residencial de menores a 80 km aprox. de su domicilio.

Según la Sentencia del TSJ, esta decisión de la Consejería se tomó sin que conste “ninguna audiencia con la madre, ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores”. Añade la Sentencia que “lo oportuno hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores, no obstante esta audiencia no tuvo lugar en ningún momento, ni una explicación a las menores de lo que podía llegar a ocurrir”.

El Tribunal Superior de Justicia concluye que “se aprecia una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración” y recuerda que los “Programas de Intervención Familiar son programas específicos de apoyo a familias cuyo objetivo es preservar la integridad de la familia evitando una separación de ella de los niños” y que  conforme a la ley “las niñas de doce años, tendrían que haber sido escuchadas previa explicación de lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que es muy traumático separar a dos niñas de su madre”.

Desde el primer día la madre y las niñas lucharon contra esta decisión, a través de un conocido encontraron a Fundación Raíces y esta entidad asumió la defensa letrada del caso poniendo a disposición de la madre a uno de sus abogados  y reclamando el derecho de las niñas a ser oídas y a que, mediante el nombramiento de un defensor judicial, que recayó en otra abogada de Fundación Raíces, las hermanas pudiesen defender sus intereses.

En el seno del proceso civil de oposición a la retirada de la tutela, interpuesto por Fundación Raíces, el Ministerio Fiscal, tras escuchar a las partes, se opuso a la decisión de la Administración, llegando a afirmar que “no existía ni un solo dato de desprotección, que la Administración había actuado con una desproporción abismal, que el acogimiento residencial es el peor de los recursos de protección y que las menores están con su madre bastante mejor que con la Administración”.

Un año después de ser separadas, el Juzgado de Primera Instancia de Ávila, acordó mediante sentencia estimatoria que las niñas retornaran con su madre al hogar familiar de donde habían sido sustraídas sin explicación ni justificación alguna. El retorno se produjo el 6 de abril de 2017.

Durante el año en que las niñas estuvieron tuteladas por la Administración, los técnicos de Servicios Sociales se dedicaron a intentar justificar su actuación criminalizando a la madre mediante informes que tan solo repetían una y mil veces la discusión por el móvil e intentando basar su decisión en apreciaciones subjetivas y juicios de valor sobre modelos de crianza, entornos residenciales, etc. llegando incluso a limitar a una hora un día al mes las visitas con su madre. Durante su estancia en el Centro de Menores, las niñas relataron haber sufrido agresiones por parte del personal, causando todo ello gravísimos daños físicos y morales a las niñas y a la madre.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado acreditado “que las visitas fijadas a la madre fueron extremadamente limitadas, un día una hora al mes” y que “tampoco consta que se revisara el plan del caso dando a la madre más posibilidades de visita, o mayores contactos familiares o al menos que se tuviera más en cuenta el deseo de las niñas de retornar a su hogar, y no mantenerse en el centro cuya estancia provocó en ellas perjuicios y daños morales acreditados”.

El Tribunal ha tenido muy en cuenta la declaración judicial de las propias menores afectadas, destacando que ellas afirmaron el “trauma” que les supuso la actuación administrativa, que vivieron como “un secuestro” y con  ello, concluye el TSJ que “en cuanto a los daños morales, constan acreditados en forma de inadaptación de las niñas, aislamiento, comportamientos de rabia e ira… dolores de cabeza, de espalda, dormir fatal, etc. Y siendo niñas que tenían buena salud física y mental, tuvieron que ser atendidas por problemas de pérdida de peso y de salud mental… sufrir cuadros de ansiedad e incluso guardar reposo y desarrollo de anorexia…. Empeoró el absentismo escolar y el desinterés y empeoramiento de sus calificaciones”. Y, en consecuencia, condena a la Administración a pagar una indemnización de 50.000 € para cada una de las reclamantes.

En el año 2021, con ocasión de la elaboración y aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), Fundación Raíces formuló propuestas, que no fueron acogidas,  en orden a que la Ley reconociera el concepto de Violencia Institucional que la Administración ejerce en ocasiones como éstas frente a los niños y niñas, y se incluyeran mayores y mejores garantías en los procesos de declaración de riesgo, desamparo y de retirada de tutela y protección de menores.

De hecho, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a España en 2018 que hubiera un control judicial de las retiradas de tutela.

Actualmente se encuentra abierto de nuevo el proceso en el que España deberá rendir cuentas sobre esta y otras cuestiones ante dicho Comité.

Fundación Raíces ha hecho llegar al Gobierno sus aportaciones a la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, actualmente en trámite de audiencia e información pública, proponiendo una serie de enmiendas al Anteproyecto a fin de que: (i) se prioricen las medidas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad para hacer efectivo el derecho de los niños y niñas de permanecer en su familia de origen, (ii) se dote a los procesos llevados a cabo por los servicios sociales de las garantías suficientes y de las herramientas necesarias para que los menores y sus familias puedan ejercer debidamente su derecho a ser oídos, a participar, a acceder a sus expedientes y a defender sus intereses y (iii) se inicie una reforma del sistema de retiradas de tutela en orden a asegurar que una medida tan drástica como la separación de un niño de su hogar familiar solo pueda ser adoptada en sede judicial, donde se garantice la defensa jurídica gratuita y el debido respeto a los principios de contradicción y de igualdad de armas, que constituyen base esencial del derecho de defensa.

Declaraciones:

A.P, madre de las niñas: “Este tiempo ha sido el más doloroso de nuestra existencia,…, La impotencia y verte arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti que no eres nadie, ha sido como David contra Goliat, darte cuenta de que por mucho que luches estás perdido.” “Todos me avisaron de que de ahí no salía nadie, porque es la Administración Pública, yo pensaba que estaban ahí para ayudar a las personas vulnerables, ¿es su función no?, pues no fue así. Sin Fundación Raíces no seriamos una familia ahora, las niñas allí nunca hubieran llegado a sus sueños y yo lo mismo ya no seguiría aquí”.

M.P, una de las niñas: “Creo que la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro, en primer lugar porque es un secuestro, no creo que haya otro término para lo que hacen, te arrancan de un ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela y te llevan a un ambiente hostil y desconocido, haciéndote sentir inseguro y vulnerable y todo esto lo que genera es un estrés inmenso, miedo y un enorme desconcierto, pues en ningún momento nos explicaron qué es lo que estaba ocurriendo”.

A.P, una de las niñas: “El trato que recibe un menor en un centro no se aleja del  trato que puede recibir el ganado en una ganadería, al fin y al cabo eres el trabajo del personal del centro, y te acabas sintiendo como un número más, como la propiedad de la administración, sin voz ni voto”.

Según Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces: “En este caso, después de un año, logramos que las niñas pudieran volver con su madre y, tras seis años, se ha reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos, pero no puedo dejar de pensar que en nuestro país, miles de familias se enfrentan a situaciones semejantes, porque nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias, que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales”.

“El Gobierno podría aprovechar la oportunidad que tiene ahora y poner fin a las vulneraciones de derechos que con las retiradas de tutela llevan tantos años sufriendo las familias en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país”.

 “Si en España este procedimiento ya concedía un poder casi omnímodo a los técnicos de Servicios Sociales, hoy, en virtud de la LOPIVI, la indefensión de las familias es absoluta pues, se ha otorgado la categoría  de agente de autoridad a los técnicos de la administración”.

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