Fundación Raíces se dirige a todos los grupos políticos en el Congreso para presentar sus enmiendas a la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia

Enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia; Descargar

Fundación Raíces presenta sus enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. 

Desde Fundación Raíces, el pasado viernes 23 de julio hemos remitido nuestras enmiendas a los portavoces de todos los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados para su consideración e incorporación al texto.

Fundación Raíces valora positivamente la tramitación urgente de Proyecto de Ley, por la importancia fundamental de la materia que regula, por la urgente necesidad de reforzar la protección a la infancia y adolescencia frente a las diversas formas de violencia que a menudo sufren, pero también, por ser el resultado de un amplio consenso entre fuerzas políticas y las principales organizaciones de infancia de la sociedad civil.

No obstante, con base en la experiencia de más de 20 años en la atención a niños, niñas, jóvenes y familias que se encuentran en situación de exclusión social y, especialmente en los últimos años, en la atención a la infancia y adolescencia bajo la guarda y/o tutela de las Entidades Públicas de Protección de las Ciudades y Comunidades Autónomas, consideramos que existen otras cuestiones que a día de hoy no están incluidas en el  que deberían ser abordadas íntegramente por esta Ley.

La primera de las cuestiones es la violencia institucional dentro de los sistemas de protección a la infancia hacia los menores que allí residen, y que es ejercida, en ocasiones, por los trabajadores y trabajadoras de los recursos de protección, principalmente vigilantes de seguridad, pero también educadores, y por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus intervenciones en los mismos. 

El pasado 22 de julio, publicamos el Informe “Violencia Institucional en el Sistema de Protección” en el que recopilamos 50 episodios de maltrato referidos por 55 niños, niñas y adolescentes, detectados entre octubre de 2016 y junio de 2020, que relatan haber sufrido algún tipo de agresión física y psicológica por parte de vigilantes de seguridad, educadores y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mientras residían en recursos del sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Todos estos casos, las agresiones sufridas que relatan los niños y niñas, las denuncias y procesos judiciales a los que han dado lugar, así como el papel de las instituciones que debieran protegerles, han sido recogidos exhaustivamente en dicho informe, junto a la información acerca del contexto en el que estos niños, niñas y adolescentes viven bajo el techo de la Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid.

Además, el informe recoge el diagnóstico realizado por otras organizaciones y varias instituciones nacionales e internacionales, muy similar al que podemos realizar en el caso concreto de la Comunidad de Madrid. Todas ellas constatan una serie de profundas deficiencias en los sistemas de protección a la infancia que son comunes a varias Comunidades y Ciudades Autónomas de España, y cómo estas deficiencias afectan gravemente a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en el ámbito de su salud física y mental, y les exponen a situaciones de grave riesgo para su integridad física y moral. De entre estas situaciones se destaca el desamparo, la exclusión social y la pobreza junto a la criminalidad a la que en ocasiones se ven abocados, lo que a su vez facilita la propagación de discursos criminalizadores y de odio contra ellos y ellas. Todas estas circunstancias les sitúan en grave riesgo de convertirse en víctimas de explotación sexual y laboral o de trata, y de terminar desapareciendo.

Siguiendo las conclusiones de dicho Informe, hemos podido constatar la ausencia total de mecanismos internos de prevención, detección, intervención, comunicación, denuncia y reparación ante situaciones de violencia sufridas por niños, niñas y adolescentes por parte de las personas y las instituciones a las que legalmente está encomendado su cuidado. De igual manera, pone en evidencia la ineficacia de las administraciones y los órganos jurisdiccionales que tienen atribuida legalmente la vigilancia externa del buen funcionamiento del sistema de protección. Y todo ello, con consecuencias terribles para los niños, niñas y adolescentes.

El segundo asunto que consideramos relevante y que la Ley debería resolver es la falta de garantías en los procedimientos administrativos de retirada de tutela por parte de las Entidades Públicas de Protección de las Ciudades y Comunidades Autónomas. Tal y como está regulado a día de hoy se trata de un procedimiento administrativo que no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas ni de sus progenitores. Como consecuencia, la administración retira la tutela de sus hijos e hijas a padres y madres que, generalmente, se encuentran en situación de vulnerabilidad, siendo ésta la causa principal que motiva en definitiva la declaración del desamparo y la separación de los niños y niñas de sus padres y madres, vulnerando su derecho a la vida familiar.

Esperamos que estos asuntos, a través de las enmiendas enviadas a los grupos parlamentarios para su valoración, sean incorporados debidamente a la Ley, garantizando así la debida protección de todos los niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.