Organizaciones de infancia y el Consejo de la Abogacía piden a Fiscalía y al Defensor del Pueblo a investigar delitos de odio

Nota de Prensa

UNICEF, el Consejo General de la Abogacía Española, Save The Children, Plataforma de Infancia y Fundación Raíces muestran su profunda preocupación acerca de un fenómeno de estigmatización creciente en torno a  los niños y niñas migrantes que llegan solos y solas a España, conocidos como los “MENA” (Menores Extranjeros No Acompañados).

Durante los últimos meses, ha sido constante la criminalización que se ha hecho de estos niños y niñas por parte de determinados actores políticos cuyos discursos han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Estos discursos tratan a estos niños y niñas, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos.

Se ha constatado que la proliferación de esta campaña de criminalización, de odio y de difusión de bulos mediáticos está calando en la sociedad. Manifestaciones como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante del Centro de Menores de Hortaleza en Madrid, en los que se propinan insultos y se anima a los vecinos y vecinas de estos barrios a actuar contra los niños y niñas extranjeros, así como determinados actos políticos, provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana.

La realidad es que la inmensa mayoría de estos niños y niñas no han cometido jamás ningún delito. Y en cualquier caso, aunque alguno lo hubiese cometido, siguen siendo niños y niñas en situación de vulnerabilidad que necesitan protección. Un niño migrante no acompañado no es sinónimo de delincuente ni de problema de orden público ni de “violador”. Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.

La realización de “actos de contenido político” en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas”, contraria al art. 16 de la Convención. Según este artículo, “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”. Debemos recordar que la ratificación por parte de España de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas obliga a todas las administraciones públicas a proteger a cualquier niño o niña que llega solo o sola a nuestro país, y esto implica de manera especial, prevenir cualquier acto que pueda atentar contra su integridad.

Igualmente, debe recordarse que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores, y prevé expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.

Este tipo de actos, declaraciones y discursos ponen en grave peligro su integridad física, psíquica y moral, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio contra estos niños y niñas, como de hecho estamos viendo en el barrio madrileño de Hortaleza, en los Centros de Primera Acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia.

Fundación Raíces, organización que desde 1996 atiende a niños, niñas y jóvenes que llegan solos y solas a España, ha recibido testimonios de varios niños residentes en el Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza y de un joven extutelado que vive en el parque colindante con el centro, todos de origen marroquí, que recientemente han sufrido agresiones de diversa índole (palizas con remos, patadas, puñetazos e incluso un “hachazo” en la cabeza, además de amenazas constantes de muerte, insultos racistas, etc.), al parecer todas ellas realizadas por grupos de personas, en la mayoría hombres de nacionalidad española, que se organizan a través de las redes sociales y que durante las agresiones dirigen insultos racistas y xenófobos hacia sus víctimas. Además, en la madrugada de los días 27 y 28 de octubre un grupo de personas (unas 18 la primera noche, y más de 30 la segunda) asaltó el Centro de Primera Acogida de Hortaleza portando machetes, cuchillos y porras con el objetivo de atacar a todos los niños extranjeros que se encontraban dentro. Todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la sección de Delitos de Odio de la misma, de la Unidad de la Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid y del Defensor del Pueblo.

De lo anterior se deriva la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio.

Resulta necesario y urgente que las instituciones competentes investigue estos graves hechos, tome las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo, y la propagación de bulos contra estos niños y niñas, exigiendo seriedad y rigor en el tratamiento de este tema, y en especial, adopte medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro.